Via crucis laboral por las academias de idiomas

Enseñar idiomas, sobre todo el español, en academias privadas del Estado español es, con algunas excepciones, una de las mejores maneras de conocer de primera mano la precariedad laboral que reina a sus anchas, una de las modernas formas de esclavitud. Si trabajar ya resulta penoso en sí, si lo pensamos dos veces, hacerlo en según qué condiciones, por según qué salarios y sin cobertura social de ningún tipo puede provocar el deterioro moral suficiente como para que uno acabe totalmente desengañado con el sistema laboral y su supuesta protección social.


E.C. es una licenciada en antropología que, tras realizar un curso de preparación como profesora de español como lengua extranjera en International House, optó por la enseñanza de este idioma como salida laboral. Aquí empezó una peregrinación, que ya dura seis años, por varias academias privadas de Barcelona. Entró a trabajar en la academia de idiomas Brighton, que al cabo de un tiempo quebró por la mala gestión de sus dueños tras dejar de pagar el salario de unos meses a sus trabajadores. Fue la época de la quiebra simultánea de varias grandes academias, como Opening y Wall Street. Al poco tiempo le ofrecieron dar clases en Metropol cobrando el sueldo mínimo de convenio, menos de nueve euros la hora, sin contrato escrito ni alta en la Seguridad Social. Tras un año de trabajo, cansada de que no le dieran de alta como trabajadora de la empresa, E.C. denunció la situación ante la Inspección de Trabajo, paso que muy pocos dan por el miedo fundado a perder su precario empleo. Gracias a las pruebas aportadas y el testimonio de algún alumno le reconocieron el tiempo trabajado de nueve meses, y así consta en su vida laboral, pero curiosamente este tiempo no le contabiliza para prestaciones sociales como la de jubilación o el desempleo. Consultada la Seguridad Social sobre este punto contesta que así es puesto que la fecha de alta en este organismo a efectos de prestación es la del día de resolución de la denuncia y no la del día que entró a trabajar en la empresa. ¿Para qué le sirvió entonces a E.C. denunciar su situación, aparte de para tener que buscar otro trabajo? Poco después la “contrataron” en la empresa Enforex, que gestiona varias academias de idiomas del Estado. Allí le explicaron que debía hacerse autónoma, pagar cada mes la cotización mínima estipulada y que la empresa le reembolsaría esta cantidad a final de mes. El sueldo también se acercaba al mínimo de convenio. E.C. preguntó a sus nuevos compañeros por qué algunos tenían contrato fijo y otros eran autónomos dependientes. Le dijeron que hacía poco Enforex había sido denunciada por no contratar a los profesores y la empresa había llegado a un acuerdo con CCOO según el cual una parte de la plantilla pasaba a ser contratada fija y el resto trabajaría como autónoma. De esta forma, con la aquiescencia del sindicato, los autónomos no forman parte de la empresa y por lo tanto no tienen el respaldo del Comité de empresa. Existen de facto dos plantillas que realizan el mismo trabajo pero con condiciones laborales diferentes. Tras unos meses trabajando allí, bajó el número de alumnos inscritos y la empresa simplemente prescindió de los servicios de la autónoma E.C. Desde entonces y hasta la actualidad E.C. combina el trabajo en dos academias: ABC, donde sí le hacen un contrato temporal por el tiempo trabajado y además pagan un salario más digno, una verdadera excepción en este sector, y Kingsbrook, donde le hacen un contrato por obra por muchas menos horas de las que trabaja, por supuesto sin vacaciones pagadas y con el mismo sueldo mínimo del convenio. Durante todo este tiempo E.C. ha conocido a compañeras que han pasado por otras academias como Speak Easy, donde por lo visto también contratan por menos horas de las trabajadas y además no quieren a mayores de treinta años, o como Don Quijote, donde contratan por seis meses, despiden y vuelven a contratar, ahorrándose de esta manera tener que hacer contratos indefinidos y el pago de las vacaciones.

Algunas de las academias mencionadas tienen convenios firmados con el Instituto Cervantes que certifican la calidad de la enseñanza pero no la calidad de las condiciones laborales de los enseñantes. La administración pública resulta así cómplice de una estafa generalizada en el sector. Por otra parte, el convenio marca un sueldo mínimo general para los profesores de idiomas que resulta irrisorio si se tiene en cuenta que en el caso de la enseñanza del español todas las academias exigen a los aspirantes que estén en posesión de una licenciatura o diplomatura universitaria.

Para acabar, hay que decir que la mayoría de los profesores de español son profesoras de español. Éste es un claro ejemplo más de que la feminización de un colectivo de trabajadores en este país implica casi automáticamente la precarización laboral del sector.