(ilustración publicada por El Roto en El Pais del 3 de septiembre)
La reforma constitucional: un desprecio más hacia la democracia
En el proceso de reforma de la constitución que se está gestando para complacer las exigencias de los mercados se pone de nuevo en evidencia el desprecio de nuestra clase política por las más elementales reglas que definen un genuino sistema democrático. Es evidente que nada será ilegal y que no se vulnerarán las leyes que rigen la reforma. Ya se cuidaron bien los padres de la constitución de dejar abierta la puerta a un pacto entre partidos al margen de la consulta ciudadana. No ha habido debate, sólo prisas por contener la voracidad de los especuladores, los verdaderos dueños de nuestra economía.
El contenido de la reforma es de calado. En un país donde nadie se atreve a subir impuestos y a redistribuir la riqueza, el límite del déficit público será la excusa perfecta para reducir el gasto en servicios públicos. También es grave que en la ley de leyes quede explícitamente remarcado que se priorizará el pago de la deuda a cualquier otro concepto. Es decir, aunque la población se muera de hambre, duerma en las calles o enferme sin atención sanitaria, antes de nada se pagará a los acreedores de la deuda. Decir, como han dicho varios expertos constitucionalistas, que estos contenidos son técnicos y que por ello no necesitan ser debatidos y ratificados por las ciudadanía, es tratar a los ciudadanos de idiotas. Aludir a un asunto como técnico es un intento de despolitizarlo. A estas alturas deberíamos todos tener claro que lo técnico, si tiene efectos sociales, es siempre político.
¿Por qué entonces esta reforma rápida y sin debate público? Creo sinceramente que nuestra clase política no cree en la democracia. Los políticos no confían en la gente. Dicen representarnos pero nos desprecian y nos temen. Se comportan hacia sus representados con una mezcla de paternalismo y despotismo que resulta cínico y repulsivo, sobre todo cuando piden nuestro voto en las elecciones. En vez de defendernos de la voracidad salvaje de los mercados, de la ambición materialista sin límites de unos pocos, nos han entregado a ellos. ¿Tendrá algo que ver con todo esto los multimillonarios créditos que bancos y cajas conceden a los partidos políticos y el perdón de las deudas que éstos han conseguido con demasiada frecuencia?
Temen que el resultado del referéndum sea contrario a su propuesta. Si es así, la cosa es grave, pues quiere decir que están legislando en contra de la ciudadanía. No son capaces de aceptar que la democracia incluye también el derecho a equivocarse. Aunque tuvieran razón en que un resultado adverso perjudicaría al país, deberían aceptar el riesgo. ¿O es que creen que el pueblo es masoquista y va a votar algo que le perjudica? Si así fuera, los resultados serían palpables y el pueblo rectificaría. La democracia genuina es siempre preferible a cualquier despotismo ilustrado porque, al final, el pueblo busca siempre su propio bien, aunque le cueste dar con él. El problema aquí es que los políticos, con su visión cortoplacista, prefieren contentar a la minoría que ostenta el poder económico por miedo a que actúen en contra de los intereses del país. Así estaremos siempre con las manos atadas porque la avaricia de los ricos no tiene límite.
Esta reforma Express ha puesto en evidencia que la Constitución es reformable, ha echado por tierra el tabú de su intocabilidad, aunque ya fue reformada en varias ocasiones anteriormente. Ya no nos pueden engañar. Así que puestos a cambiarla, propongo dos modificaciones importantes:
- modificación del artículo 87 que regula la iniciativa legislativa popular (ILP) para que ésta sea más flexible y pueda proponer también la reforma de leyes orgánicas, ahora vedada. La ILP que no es aprobada por el Congreso debería dar paso a un referéndum.
- Modificación del artículo 92 que regula los referéndums para que éstos puedan ser vinculantes siempre que su contenido no atente contra los derechos humanos. Los referéndums propuestos por una ILP no deberían necesitar de su aprobación por el Congreso y el Rey. También se debería permitir referéndums de las distintas administraciones (municipal, autonómica) sin necesidad de autorización superior.
Esta reforma sí que enriquecería la democracia y daría más poder a un pueblo que poco a poco ve cómo se prescinde de él.
