Barcelona morta

El caso del 4F que tan bien nos explica el documental "Ciutat morta", ilustra a la perfección la putrefacción, ejemplificada en la ciudad de Barcelona, en la que se ha convertido nuestro sistema político surgido de la mal llamada “transición”. Prácticamente no queda estamento que se salve de la quema: sistema político, judicial, policial, la fiscalía, el sistema de salud, medios de comunicación, todos quedan retratados.

Vamos a ver si lo contamos bien.

El Ayuntamiento de Barcelona ha apostado decididamente por un modelo de ciudad que favorece a los intereses económicos especulativos del sector turístico e inmobiliario. Para ello lleva a cabo diversos procesos de gentrificación –expulsión de las clases populares y reconversión de los inmuebles en hoteles, apartamentos y hogares para la clase media alta- en diferentes barrios céntricos de la ciudad. Para acelerar este proceso y asegurar el malestar de los vecinos de toda la vida de uno de estos barrios, tolera la celebración de fiestas nocturnas y ruidosas en uno de sus inmuebles abandonados en el barrio de Sant Pere. Para excusar su responsabilidad culpa al movimiento okupa de estas fiestas. El movimiento okupa se desmarca de ellas pero nadie les hace caso. Una noche, una de estas fiestas que congrega casi a un millar de personas, se desmadra más de la cuenta y se producen alborotos. Alguien llama a la Guardia Urbana, que conoce perfectamente de qué va la historia, hace acto de presencia y durante una confusa trifulca, alguien tira un tiesto desde el piso ocupado por la fiesta con la mala suerte que le da en la cabeza a un guardia urbano que se queda inconsciente y, posteriormente, en coma. La Guardia Urbana se pone nerviosa y empieza a descargarse contra grupos de jóvenes que encuentra en la calle, se encara con ellos y acaba deteniendo a tres sudamericanos solo por ser “sudacas de mierda”. Los golpean, maltratan, insultan, los trasladan a la comisaría y los siguen golpeando y torturando. Quedan en tal mal estado que los llevan a un hospital a curar sus heridas pero allí les controlan para que no digan nada a los médicos. El personal sanitario no denuncia la situación, cura las heridas sin cuestionar nada y aceptando la presencia de los guardias urbanos al lado de los detenidos, incluso un médico se inhibe cuando uno de los guardias maltrata delante suyo a uno de ellos. En el hospital una chica magullada por un accidente de bicicleta, Patricia, espera también a ser atendida. Uno de los guardias se fija en ella porque tiene un corte de pelo especial, una parte rasurada en forma de tablero de ajedrez. Decide que es también culpable por vestir como una “antisistema”. Ella y su amigo acaban detenidos también y transportados junto a los tres “sudacas” a la comisaría. La jueza de instrucción Carmen García Martínez no cree en su inocencia, solo hace caso a las inculpaciones de los guardias urbanos y les manda al calabozo. Les había condenado antes de escucharles cuando les espeta “creería antes a un policía que a mil como vosotros”.

Mientras tanto el alcalde Joan Clos declara por la radio que la causa del accidente del guardia urbano fue un tiesto tirado o caído desde un balcón, según un “informe” que le han facilitado los servicios de la Guardia Urbana. Poco tiempo después la versión de los hechos cambia: la causa de la herida al guardia ya no es un tiesto sino varias piedras lanzadas desde la calle por los detenidos. Nadie cuestiona la nueva versión a pesar de que no hay ni una sola prueba que la sostenga, solo la declaración de los guardias. El juicio se celebra y los detenidos son declarados culpables y condenados a varios años de prisión, sin que se acepte la declaración de testimonios clave como la del alcalde. El recurso presentado a la Audiencia y después al tribunal Supremo solo sirve para confirmar la culpabilidad e incluso aumentar las penas. Ningún medio de comunicación investiga o cuestiona los hechos, tan solo explican la versión oficial cambiada por la Guardia Urbana sin informar ni siquiera de estas contradicciones. Incluso algún columnista, como Pilar Rahola, en una rocambolesca pirueta argumental, acusa de racismo a las madres de los chicos detenidos por cuestionar la versión oficial y sugerir que sus hijos habían sido detenidos y acusados por racismo.

La tragedia añadida que ocurre pocos años después tampoco sale en los medios de comunicación: Patricia se suicida durante un permiso penitenciario por no soportar la carga de una culpa que no es suya. Los dos guardias que habían declarado en contra de los detenidos se ven envueltos en otro caso y condenados por detención ilegal, maltratos y racismo gracias a que la víctima esta vez era hijo de diplomático y tuvo más medios para defenderse. A estos dos guardias se les condena a dos años de prisión no sin antes premiarles por los servicios prestados con una jubilación por incapacidad permanente de unos 1800 € al mes a cada uno de por vida. Al jefe de información de la Guardia Urbana, quien presuntamente colaboró para cambiar la versión de los hechos, se le recrimina en otro juicio por mentir y elaborar informes falsos. Sin embargo, a pesar de la evidencia de que los principales artífices de la construcción de los hechos son unos torturadores y mentirosos declarados, el caso no se revisa. Pero por suerte, unos cineastas valientes se la juegan y deciden contarlo todo, toda la verdad. Porque si la jueza sólo cree las versiones policiales, nosotros tenemos derecho a creernos solo la versión que explica el documental. Porque además, no es la primera vez que en esta ciudad muerta y putrefacta la policía, urbana o autonómica, tortura impunemente, revienta ojos en manifestaciones y después lo niega, insulta y maltrata a detenidos, detiene de forma arbitraria e incluso mata por aplicar una fuerza desproporcionada.

Así que, señores políticos, responsables de los hechos, o futuros políticos que lleguen al poder en las próximas elecciones: presionen para que se reabra el caso, depuren responsabilidades en la Guardia Urbana, cambien el modelo policial represivo por otro de proximidad y ayuda real a la ciudadanía, depuren responsabilidades en los hospitales por permitir la inculcación de derechos fundamentales en sus dependencias, cambien este sistema judicial que es una rémora del franquismo, controlen que realmente se respetan los derechos fundamentales en todos los lugares públicos y en todos los servicios públicos, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida digna, revisen el sistema de concesión de jubilaciones por incapacidad para que no se premie a nadie injustamente. Y señores tertulianos y medios de comunicación en general: informen a la ciudadanía de lo que pasa en la ciudad de verdad, no solo de lo que les cuentan en las notas de prensa oficiales, hagan periodismo de investigación, cuestionen las versiones oficiales, no se dejen chantajear por las subvenciones públicas, tiren sus prejuicios a la basura cuando opinen, explíquennos la verdad de los hechos, que para eso les leemos.

Hay que revitalizar y resucitar a esta ciudad muerta. Acabar con el modelo de ciudad actual basado en la gentrificación y la venta de la ciudad a las élites económicas y financieras, acabar con el abuso, las desigualdades y la violencia institucional. Si algo nos ha mostrado este documental es que existe un entramado político, económico, judicial y policial que le importa una mierda la vida de nadie para conseguir sus fines. La “marca Barcelona” mata. Barcelona morta, ¡despierta!