El “oasis catalán” empieza a ser una pesadilla

Nos habían dicho, durante los años del pelotazo inmobiliario, y nos los habíamos creído, que Catalunya era una excepción notable y loable, un oasis que destacaba sobre el paisaje arenoso y turbio de la corrupción rampante. Poco a poco se han ido desvelando los casos que han convertido este oasis en un espejismo. Pero entre el caso Millet del Palau de la Música y los informes inútiles encargados por Generalitat y ayuntamiento de Barcelona, el oasis empieza a ser una pesadilla, de aquellas recurrentes con las que no hay manera de acabar. ¿O sí?



Lo que más acongoja del caso de los informes es la naturalidad con la que nuestros responsables políticos se lo ventilan. Una naturalidad que raya no sé si en el cinismo o en la presunción de idiotez del público al que se dirigen. Cuando se destapó el caso, por cierto, calcado del que vio la luz en tiempos del gobierno de Pujol, se encargó una auditoría para calmar las aguas agitadas de la opinión pública. Los auditores -no sabemos de quién eran esta vez amigotes- escogieron una muestra de los informes que, curiosamente, no incluían los más controvertidos, como los que se habían encargado atendiendo a los intereses de un partido. Tras su análisis concluyeron que más o menos el 15 % de los informes eran inútiles o podían haber sido redactados por un funcionario de la casa. Es decir, unos 600.000 euros del erario público se habían malgastado sin más. Cuando el conseller de economía comentó el resultado de la auditoría dijo que era una proporción aceptable y se dio carpetazo al asunto. En definitiva, nos han vuelto a meter un gol delante de nuestras narices: encargan una auditoría, que no sabemos cuánto ha costado, para no hacer nada. Como si fuera otro más de estos informes que no sirven para nada. Ni una mínima investigación interna para conocer a los responsables y tirarles de la oreja, ni la elaboración de unas normativa interna que intente evitar que se repitan estos encargos en el futuro, ni la publicación abierta de todos los informes, con los nombres de autores y responsables políticos para que se les caiga la cara de vergüenza. Nada, no se va a hacer absolutamente nada. Nadie ha dimitido. No se ha cambiado normativa alguna. Todo va a seguir igual. El dinero público seguirá malgastándose.

Cuando una sociedad deja que sus dirigentes políticos jueguen con su dinero de esta forma, esta sociedad empieza a aceptar la derrota de la democracia. Como si fueran niños consentidos, nuestros políticos cada vez nos engañarán más. Llegarán las elecciones y pondrán cara de buenos para que les regalemos por cuatro años más su juguete más preciado, pero justo después volverán a hacer de las suyas porque nada tiene consecuencias.

Pues no, ¡ no hay que dejar pasar ni una ¡ Nos dicen también que no conviene judicializar todas las acciones políticas, pero si ante un presunto delito de malversación de fondos públicos, nadie dimite, ¿qué nos queda a la ciudadanía? De verdad que muchas veces me dan ganas de montar una asociación que se dedique a denunciar implacablemente a los responsables de cualquier presunto uso indebido de los recursos públicos. Es lo único que nos queda si estimamos la democracia. Debemos actuar ya, antes de que el poder judicial acabe también en sus manos. ¿Alguien se apunta?